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2012-06-12 | Noticias de Chile

Una larga historia

Camilo Escalona: Senador del PS por la Región de Los Lagos.


Un amplio debate se generó en el país a propósito del “homenaje” al ex dictador, Augusto Pinochet, llegando a temas de sociedad que son necesarios de reflexionar con sentido de país y mirada histórica.

Desde mi punto de vista, lo más importante que se concluye es que nunca habrá excusa alguna para atropellar y violar la dignidad de la persona humana; así como, que el respeto a la vida de todos y cada uno de quienes constituimos la especie humana se ha configurado en un valor esencial de nuestra civilización.

Pero, en otro ámbito, han surgido opiniones que fundándose en las crueles y masivas violaciones a los derechos humanos y la envergadura que cobró el terrorismo de Estado en Chile, se preguntan críticamente si acaso la transición chilena no fue contemplativa y débil, con un dictador que finalmente no fue juzgado y que murió sin responder por la crueldad y criminalidad del régimen que encabezó y dirigió con mano de hierro.

Así fue. No respondió por los crímenes de su régimen. Ese es un dato de la realidad.

La pregunta inmediata que surge y la clave de tal circunstancia histórica; es por qué ello fue así, por qué no se le juzgó y quedó impune.

El dictador se cobijó en los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, en la protección política de la derecha y en el control personal que mantuvo de las fuerzas castrenses, cuya transición fue más larga y más extensa en el tiempo, prolongándose mucho más allá de la instalación del gobierno civil en 1990. Las Fuerzas Armadas debieron esperar su salida de la Comandancia en Jefe del Ejército y un período de más de cinco años para que en la Comandancia en Jefe del General Juan Emilio Cheyre, este pudiera establecer el “nunca más”; verdadero punto de inflexión en la transición y en la consolidación de la democracia.

En el ámbito institucional, el esfuerzo de rescatar la dignidad de la acción política tiene que ver con que, al fin de cuentas, cuando hay un sistema político estéril y desprestigiado, los únicos que ganan son los poderosos que se alimentan a diario de la debilidad del Estado para imponer sus intereses.
Ante esta cruda realidad; la sociedad chilena se mantuvo expectante, apoyó con energía el restablecimiento de la autoridad civil y en momentos cruciales, como el largo periplo de Manuel Contreras por diversas instalaciones castrenses tratando de eludir su condena a la cárcel por el crimen de Orlando Letelier, supo confiar y respaldar a las instituciones democráticas y sus gobiernos.

Ahora bien, no cabe duda que el país hoy es distinto al de 1990. Quiere ir más allá de las fronteras que heredó, pero aún tropieza con porfiados enclaves autoritarios; en particular, el sistema electoral binominal; que impiden una mayor representatividad del sistema político, y el robustecimiento de su legitimidad; en consecuencia, con una minoría de derecha sobre representada por el sistema binominal se hace imposible constituir una voluntad coherente en el Congreso Nacional para alcanzar un país justo, vivo y en transformación, superando el estancamiento en su evolución, que dictan hoy estructuras institucionales que están llamadas a ser renovadas y modificadas.

En 1990, Chile requería el cambio del régimen político de la dictadura a la democracia y, tengo la convicción, que fluía nítidamente la voluntad del país de afianzar y asegurar ese propósito. La idea de ganarle con un lápiz a la dictadura es muy representativa de la voluntad de ganar, pero entendiendo que tal victoria estaba sustentada en la voluntad cívica de millones de personas, sin lograr aún, en ese período, la definitiva subordinación de las instituciones uniformadas, hasta ese momento, detentoras del poder político. Se podía ganar lo fundamental, la democracia; pero precisamente por el alto costo de ello, nadie pretendía un salto al vacío; es decir, una aventura política, fuera del marco y del contexto en que había cobrado vida en nuestro país, el proceso de reimplantación de la democracia.

La sociedad chilena de hoy, por cierto que es capaz de hacer cosas completamente distintas a las que era capaz de hacer en 1990, porque a esa sociedad le había costado mucho recuperar la democracia, porque la gente había sufrido mucho, porque las poblaciones eran allanadas, porque a las tres o cuatro de la mañana se sacaba a los dueños de casa en calzoncillos en invierno a las canchas de fútbol y se sometía a él y su familia a los peores escarnios.

Entonces, la sociedad actual, sobre la base de las garantías y seguridades que hoy tiene, piensa distinto. Y eso es nuestro orgullo, que hoy la sociedad piense distinto, porque se crearon las bases institucionales, la legalidad que ha permitido que el país pueda avanzar.

Es decir, la posibilidad que la gente no tenga que estar pensando que le iban a secuestrar a la familia, que iban a desaparecer al papá, que iban a destruir el sindicato, que le iban a allanar la casa y la población y la posibilidad, durante 20 años, de vivir en condiciones completamente nuevas y distintas.

Por eso es que hoy la sociedad chilena puede aspirar a más.

En el 2012 es imposible que exista el mismo objetivo. El contexto nacional es en su naturaleza diferente. Ahora es fundamental hacerse cargo de los nudos que coartan nuestro crecimiento como país, que es mucho más que el simple crecimiento económico.

En 1990, la fortaleza del andamiaje institucional no cedió al clamor de justicia y, en consecuencia, el avance hacia el imperio del Derecho Internacional Humanitario ha cubierto con altos y bajos prácticamente más de dos décadas de nuestra historia. Pero ha tenido logros que aunque parciales les señalan a los terroristas de Estado que por sus crímenes deberán responder o, al menos, estar siempre alerta a la posibilidad que la justicia llegue a tocar su puerta.

Asimismo, en el ámbito institucional, el esfuerzo de rescatar la dignidad de la acción política tiene que ver con que, al fin de cuentas, cuando hay un sistema político estéril y desprestigiado, los únicos que ganan son los poderosos que se alimentan a diario de la debilidad del Estado para imponer sus intereses.

Por eso, para avanzar hacia un nuevo Estado, protector, regulador y promotor de un desarrollo inclusivo hay que renovar la acción política para acometer el logro de tales objetivos. La dignidad de la acción política se ha trasformado en un desafío esencial.

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